La reforma laboral, acontecida al amparo de Real Decreto Ley 5/2002, pretende condicionar la percepción del subsidio a la actitud del beneficiario respecto a las ofertas de empleos, y buscar paliar los efectos negativos del sistema de protección del parado sin disminuir el grado de protección. No obstante, aceptando empleos para mantener los ingresos de las prestaciones por desempleo se corre el riesgo de que los demandantes de empleo se vean obligados a aceptar cualquier oferta, mal remunerada o descualificada, situada en cualquier lugar, lo que supone un desequilibrio en términos de ajuste entre su preparación formativa laboral y las necesidades del empleador para desempeñar un puesto de trabajo. Por ello, el autor llama la atención sobre el riesgo de la tendencia actual a gestionar la prestación por desempleo, y pone de relieve la prioridad de gestionar, por encima de aquélla, el empleo.