La interrupción de la prescripción en el proceso penal, regulada en el art. 132 CP, es un problema jurídico de un gran interés que se halla permanentemente en cuestión. La importancia de la cuestión en obvia en el terreno práctico, ya que de su precisa determinación depende la extinción de la responsabilidad criminal y, por consiguiente, la imposibilidad de que el Estado pueda ejercitar su derecho a la persecución del delito y, en su caso, a la imposición de una pena. No obstante la importancia de esta materia, en el momento presente existe una situación de enfrentamiento entre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha adoptado un criterio garantista, y la del Tribunal Supremo empeñado en negar la competencia del Tribunal Constitucional para interpretar la legalidad penal. En este trabajo se precisan los conceptos en discusión desde un punto de vista procesal en un momento especialmente apropiado ante el anuncio de una pronta reforma del Código Penal que, entre otras cuestiones, pretende reformar esta materia.