Augusto González Alonso
Treinta años después de la aprobación de la Constitución Española y diez años después de la publicación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es momento de ahondar en el debate del alcance revisor que presenta el proceso contencioso-administrativo y de las consecuencias jurídicas que implica para un auténtico control de la actividad de las Administraciones Públicas.