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El papel más importante atribuido en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, a las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla es la ejecución de las medidas impuestas por los Jueces de Menores. Sin embargo, ni dicha competencia es absoluta y exclusiva, ni tampoco es el único papel asignado, teniendo encomendadas diversas funciones a lo largo de las actuaciones que siguen tras la puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal de la presunta comisión de una infracción penal.
