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Mónica Lozano
El presente artículo discute los límites y las posibilidades que tiene la comunicación de la ciencia y la tecnología en el contexto de los países en desarrollo, para contribuir a la generación e implementación de lo que se ha denominado el �nuevo contrato social sobre la ciencia�. Se parte de la presentación del nuevo contrato y sus implicaciones para la concepción de modelos de desarrollo y democracia, para desde allí discutir el papel asignado a la comunicación de la ciencia. Con base en esta discusión se proponen cuatro retos para la comunicación de la ciencia y la tecnología en los países latinoamericanos: (1) la necesidad de tener una mirada crítica a los problemas de exclusión social, (2) su participación en la definición de los problemas sociales y en la promoción de la participación pública en ciencia y tecnología, (3) la inclusión de una perspectiva desde las políticas públicas en ciencia y tecnología, y (4) la necesidad de una redefinición conceptual de la comunicación de la ciencia.
Actualmente existe un fuerte cuestionamiento desde distintos sectores acerca del papel de la ciencia y la tecnología en el mundo contemporáneo. Se plantea, cada vez con mayor fuerza, la necesidad de democratizar los sistemas científicos y tecnológicos y se aboga por establecer lo que se ha dado por llamar un �nuevo contrato social sobre la ciencia�.
La idea de que los sistemas científicos y tecnológicos deben redireccionarse y enfocarse a contribuir a la solución de los problemas de la sociedad, ha tenido diversas expresiones tanto desde el ámbito académico como político.
En América Latina desde la década de los setenta, por ejemplo, autores como Amilcar Herrera (1978) y Francisco Sagasti (1981) propondrían la creación de una efectiva capacidad científica y tecnológica en la región, dirigida a buscar alternativas para el desarrollo que estuvieran orientadas hacia las necesidades locales, que fueran endógenas y surgieran del seno de cada sociedad, que fueran auto sostenidas por el medio cultural, que fueran ecológicamente correctas y que estuvieran basadas en transformaciones estructurales de las relaciones sociales, económicas y de poder y dirigidas a la erradicación de problemas sociales como la malnutrición, la miseria y la ignorancia.
A partir de la década de los noventa se presentan en el contexto internacional un incremento de los estudios sociales de la ciencia sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y democracia (por ejemplo: Kitcher, 2001; Fuller, 1999; Ezrahi, 1990; Olivé, 2000, 2007; López Cerezo y González, 2002). Podríamos plantear que la investigación sobre el tema se desarrolla bajo tres líneas: la primera, está dirigida a la discusión teórica sobre la necesidad de la democratización de la ciencia y los planteamientos normativos que la sustentan en el seno de las sociedades contemporáneas; la segunda línea hace referencia a aquellos trabajos centrados en proponer procesos, mecanismos o instrumentos de participación y, la tercera línea, es aquella cuyo énfasis está puesto en identificar actores, formas o espacios de participación ciudadana.
En términos generales los planteamientos académicos abogan por la necesidad de democratizar los sistemas de la ciencia y la tecnología generando mecanismos de participación pública dirigidos no sólo a aspectos relacionados con la identificación y regulación de los impactos y los riesgos tecnológicos, sino también en el espacio más amplio del direccionamiento de las políticas de ciencia y tecnología dentro de las sociedades. En algunos casos se llega a plantear la necesidad de una mayor participación en el proceso mismo del desarrollo de las investigaciones científicas y tecnológicas.
A nivel de pronunciamientos políticos, la Conferencia Mundial sobre la Ciencia de Budapest celebrada en 1999, planteó como uno de los principales desafíos del mundo contemporáneo la generación de un nuevo contrato social para la ciencia y la tecnología, entendido como el adaptar la ciencia y la tecnología a las nuevas realidades políticas, sociales y medioambientales. La declaración enfatiza en dos de los componentes del reto de elaborar un nuevo contrato social: el primero es la necesidad de orientar los sistemas de ciencia y tecnología hacia las necesidades de las poblaciones, de forma que propicie un desarrollo social integral de los países en el que también sea atendida la demanda social sin valor de mercado y el segundo es la necesidad de abrir las política públicas sobre ciencia y tecnología a las sensibilidades y opiniones de los ciudadanos afectados e interesados, de forma que se facilite la viabilidad práctica de la innovación y se profundice en la democratización de los sistemas.
Uno de los ejes de la discusión sobre este nuevo contrato, es el papel asignado a la ciudadanía en general en este proceso. Si bien hay un consenso casi generalizado sobre la importancia de la democratización de la ciencia y la tecnología, no son tan claros los puntos referentes a qué se debe democratizar, quiénes deben participar, o sobre cuáles son los mecanismos más adecuados para llevar a cabo este proceso.
Este trabajo se dirige a discutir los límites y las posibilidades que tiene la comunicación de la ciencia y la tecnología, y en especial en el contexto de los países en desarrollo, para contribuir a la generación e implementación de este nuevo contrato social sobre la ciencia. En la primera y la segunda parte se discuten algunos elementos que están en la base de los procesos de explicitar el nuevo contrato y sus implicaciones en la concepción de desarrollo y democracia. En la tercera parte realiza una descripción de los modelos de comunicación y las concepciones sobre ciencia y desarrollo que guían sus prácticas. Finalmente, en la cuarta parte, se plantean algunos de los retos más importantes para la comunicación de la ciencia y la tecnología con el objetivo de contribuir a la consolidación del nuevo contrato social sobre la ciencia, sobre todo en los países latinoamericanos
