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La reciente promulgación de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, ha iniciado el camino hacia el desarrollo de un compromiso constitucional que permanecía hasta ahora huérfano de tratamiento legislativo: la territorialización de los poderes de defensa de la competencia en España. La nueva Ley pretende dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 208/1999, cuya declaración de inconstitucionalidad planteó entonces la necesidad de establecer un nuevo marco legal para el desarrollo de las competencias ejecutivas del Estado y de las CCAA que se prevén en la Ley de Defensa de la Competencia. El presente trabajo trata, por su parte, de reconstruir la génesis doctrinal de la Ley y de examinar críticamente sus principales opciones técnicas y político-jurídicas como aportación a un debate que promete concitar nuevas contribuciones. En sus páginas se abren algunos interrogantes sobre la bondad del planteamiento legislativo, que en opinión del autor podría revelarse en algunos aspectos restrictivo respecto a la doctrina constitucional que debió inspirarlo.
