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Joaquín María Rivera Álvarez 
, Andrés Arias Astray
La presente comunicación tiene por objeto hacer una crítica al art. 59 de la Ley 4/2000, de 11 de enero como medida dentro del sistema abolicionista que actualmente predomina en España. Esta norma plantea una exención de la responsabilidad frente a la entrada y permanencia ilegal del inmigrante en España por su colaboración contra redes organizadoras de tráfico de personas específicamente, nos centramos en el "Trafico de blancas". Situación que no se agota en dicha exención sino que posibilita, a opción del inmigrante, el retorno a su país de procedencia o la estancia y residencia en España, así como el permiso de trabajo y las facilidades para su integración social. El artículo pretende la colaboración, mediante denuncia a las autoridades competentes, de los autores o cooperadores de dicho tráfico, o la cooperación o colaboración con los funcionarios policiales "proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el proceso correspondiente contra aquellos autores".
