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La actividad empresarial vasca en Gipuzkoa y Bizkaia sufre una pérdida de competitividad derivada del alto coste del suelo, que se puede traducir entre un millón y tres millones y medio por empleo según los cálculos. La clave del precio no está en la escasez de suelo en términos absolutos, sino en la falta de gestión urbanística que ponga en el mercado todo el suelo calificado como industrial. La Reforma legal que viene, por tanto, va a tener que plantear el problema como una oportunidad de aliarse los activos, empresarios, constructores y compradores de vivienda, contra pasivos, propietarios de suelo y especuladores, y no tanto como una pelea derecha-izquierda.
