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Hoy la Ley es una realidad. Quizás no sea como ninguno de nosotros haya soñado; quizás en el camino hayan quedado muchas propuestas, expectativas o ilusiones. Quizás sus primeros pasos en el proceso de implantación estén dando la razón a quienes vaticinaban dificultades derivadas de sus deficiencias y de su complejo encaje institucional. Pero nadie puede dudar que a pesar de ello, esta Ley supone la configuración de un nuevo espacio de derechos subjetivos, una oportunidad para garantizar mayores niveles de calidad de vida a las personas en situación de dependencia y a sus cuidadores y convivientes. Y que está suponiendo una auténtica convulsión en las estructuras de los servicios sociales, para adaptarse al reto de garantizar derechos, donde hasta ahora sólo existían prestaciones y servicios no exigibles.
Por eso, es hora de trascender el debate sobre lo que es o lo que debería haber sido, y de comprometernos todos en el reto que actualmente tenemos planteado: gestionar con la mayor eficacia la aplicación de la Ley. Desde nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad: quienes tienen que tomar las decisiones institucionales, quienes han de planificar o gestionar y, por supuesto, la de todos los profesionales implicados en los procedimientos y en la provisión de los centros, servicios y prestaciones contemplados en la Ley.
