Cuando alguien sufre un daño como consecuencia de un producto presuntamente defectuoso, la clave está en si corresponde a la víctima la prueba de la irregularidad, o si es el fabricante quien debe demostrar su inexistencia: a pesar de la trascendencia de esta cuestión y el régimen objetivo de imputación de responsabilidad que empapa nuestra legislación vigente, el Tribunal Supremo no mantiene una posición uniforme.