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María Acale Sánchez 
La aprobación del Tratado de Lisboa ha sido vista por algunos como el comienzo de una nueva etapa en lo que al desarrollo del entramado europeo se refiere. Sin embargo, en lo que a la tutela penal de los bienes jurídicos de titularidad puramente europea se trata, así como de otros bienes jurídicos de gran relevancia para la propia Unión, no se ha producido el avance esperado. Quizás la herencia recibida del Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa haya en cierta medida condicionado el decepcionante resultado final alcanzado.
