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Los resultados electorales del 2006 fueron rechazados por el principal candidato de oposición, Andrés Manuel López Obrador, quien encabezó amplias movilizaciones cuya exigencia era un recuento general de las boletas emitidas el 6 de julio. Las protestas pusieron en tela de juicio la idea de que México había concluido su transición a la democracia, porque llegaron a cuestionar la validez general de las elecciones como vía de acceso al poder. Este artículo sostiene que el desafío lopezobradorista a las instituciones fue una consecuencia de la poca capacidad del Estado para coordinar la vida social. El insuficiente desarrollo de las relaciones Estado-sociedad en el marco de la democracia hizo atractiva la oferta de López Obrador de un ejercicio personalizado del poder, propia del presidencialismo autoritario. Sin embargo, la estrategia poselectoral y la radicalización de su discurso lo llevaron a perder el apoyo de una parte de la opinión pública y a desplazarse fuera de la arena partidista. La autora concluye que la campaña lopezobradorista reprodujo la relación de subordinación de la izquierda al populismo característica en México, y que las protestas del 2006 tuvieron un impacto negativo en las instituciones de la democracia electoral que vinculan al Estado con la sociedad.
