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Isabel Lirola Delgado 
El Tratado de Lisboa lleva a cabo un doble proceso en relación con la cooperación judicial en material penal. Por una parte, supone la plena comunitarización del actual tercer pilar. Por otra, consolida todo el acervo existente y abre la puerta a nuevos desarrollos sobre la base de nuevas competencias en materia de aproximación normativa y de la confirmación de la competencia de la Unión en el ámbito penal. La efectividad de este proceso con importantes consecuencias para la protección de los derechos fundamentales en la Unión se ve, sin embargo, condicionada por el funcionamiento ad futurum de dos elementos: el establecimiento de un período transitorio de cinco años y la incorporación de mecanismos de flexibilidad bajo la forma de frenos de emergencia y las cooperaciones reforzadas.
