Acceso usuarios
Francina Esteve García 
Gracias a los trabajos de la Convención de 2003 y su plasmación en el Tratado Constitucional de 2004, el Tratado de Lisboa de 2007 logra incorporar un catálogo de competencias de la Unión que afecta tanto a las políticas y decisiones internas como externas. En su vertiente externa, algunas de las novedades más significativas son la definición de los objetivos comunes de la acción exterior, la extensión de la noción de política comercial abarcando las inversiones, los servicios y la propiedad intelectual y su calificación como competencia exclusiva, a pesar de mantenerse, aunque de forma excepcional, la exigencia de unanimidad en los ámbitos más sensibles. Aparentemente el concepto de las competencias exclusivas queda precisado en sus consecuencias jurídicas al imponer límites a la actuación de los Estados, pero cuando se trata de abordar la exclusividad de las competencias implícitas para concluir acuerdos externos, tal claridad desaparece, pues se ha codificado una jurisprudencia extremadamente compleja y la separación entre los acuerdos que se mantienen como competencia exclusiva de la Unión y aquellos que se mantienen como competencia compartida, generará sin duda nuevos conflictos competenciales. Otros avances significativos se constatan en materia de defensa, pero en cambio, más allá de la proclamación de una amplia competencia de la Unión en materia de PESC, persisten muchas restricciones que muestran la enorme susceptibilidad que sigue provocando en los Estados miembros y su formulación a nivel competencial sigue resultando extremadamente vaga, aunque se defiende que puede tener cabida dentro de la categoría de competencias compartidas de cooperación, pues se trata de una política que se mantiene bajo el modelo de cooperación intergubernamental con pequeños avances en cuanto al control parlamentario y judicial de las decisiones PESC.
