En este artículo, entre otros temas, se presta atención a las consecuencias administrativas que se derivan de las penas de inhabilitación y suspensión de empleo o cargo público y al cumplimiento de penas que se pueden considerar de nueva implantación como las de trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a residir o a acudir a determinados lugares y prohibición de acercarse a la víctima, o a aquéllos sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal.