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Este artículo analiza la exención de la aplicación de las prohibiciones contenidas en la Ley de Defensa de la Competencia a aquellas conductas amparadas por Ley. El precepto es corolario de una larga evolución que puede remontarse a la primera legislación española en la materia en 1963; desde entonces sus sucesivas reformas y su aplicación práctica han puesto de relieve las dificultades y los problemas que suscita la configuración de esta causa de justificación y la necesidad de trazar unos límites claros a su aplicación.
