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Un reciente informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la situación de los juzgados penales de ejecutorias en España rebela que actualmente se acumulan casi 270.000 sentencias pendientes de ejecución (403.000 si se suman todos los juzgados penales que ejecutan sentencias y no sólo los específicos). El ministro del ramo, Mariano Fernández Bermejo, intentó neutralizar el titular con una rueda de prensa, donde puntualizó que una cosa es retraso y otra el caos, «el colapso» y anunció un paquete de medidas que comienza con la creación de 15 juzgados de lo penal, a la que seguirán otras como la ampliación del Registro de Penados y Rebeldes y una oferta de empleo público. El propio CGPJ matizó días después que estas sentencias pendientes corresponden tanto a asuntos a la espera de ser resueltos como a los que ya se encuentran en trámite de ejecución.
