Según progresa la integración europea, se va imponiendo la necesidad de una gobernanza económica de la Unión. Dicha gobernanza ha de articularse en torno a las acciones del Banco Central Europeo (BCE) y a las actuaciones presupuestarias de los Estados miembros. Las concepciones restrictivas que sustentan dichas políticas han de ser reconducidas una vez se ha confirmado que las reglas rígidas de la constitución económica de la zona euro no han actuado como factores de dinamización económica. La arquitectura de la falsa gobernanza económica actual sigue concediendo la primacía a la estabilidad de los precios sobre el crecimiento y el empleo y no contribuye a estimular el crecimiento.