Resumen de El sistema de control y revisión de la contratación pública en la Unión Europea y España

Javier Berasategi Torices

• español

  Las Directivas de recursos obligan a los Estados miembros a establecer un sistema de recursos eficaz en materia de contratación pública. Asimismo, la Directiva 2004/18 y la Comisión Europea han invitado a los Estados miembros a establecer autoridades de la contratación pública.

  España ha introducido un recurso especial y un sistema de medidas provisionales en la fase precontractual pero lo ha limitado a los contratos sujetos a las directivas comunitarias y ha atribuido su resolución al propio órgano contratante.

  Tampoco ha establecido una agencia de control de la contratación pública, a diferencia de una mayoría de Estados miembros.

  Sin embargo, la nueva Ley de Defensa de la Competencia permite a las autoridades de la competencia, centrales y autonómicas, controlar la contratación de las Administraciones Públicas mediante recomendaciones y recursos ante las instancias contencioso-administrativas. El Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia ha sido la primera autoridad en aplicar estas disposiciones: ha logrado que se saque a concurso un contrato público adjudicado directamente a una empresa y ha emitido un informe con recomendaciones sustanciales al borrador de pliego de condiciones técnicas para garantizar la máxima competencia.

• English

  Member States must establish efficient review procedures for public contracts under the Directives on remedies. Furthermore, Directive 2004/18 and the Commission have invited Member States to set up public procurement agencies.

  Spain has introduced a special review procedure and provisional measures at the precontractual stage but limited to contracts falling under the European Directives and under the authority of the awarding body. Spain has not established a public procurement agency either, unlike many other Member States.

  However, the new Spanish Competition Law enables central and regional competition authorities to control public procurement through recommendations and complaints before the administrative courts. The Basque Competition Court has been the fi rst authority to enforce these provisions: it has secured the tendering of a public contract directly awarded to a company and has published a report with substantial recommendations to the draft tender documents.