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El actual sistema federal de los EEUU es una compleja mezcla de elementos coercitivos, cooperativos y del federalismo dual. Desde una perspectiva constitucional y política, desde la década de 1960 el sistema federal se ha convertido en un sistema coercitivo por la amplia expansión del gobierno federal en los ámbitos estatales. Tal coerción implica, entre otras cosas, un aumento de las regulaciones vinculadas a subvenciones federales, mandatos impuestos a los estados e invasiones federales de las competencias de los estados. Actualmente, ni el Senado ni el Tribunal Supremo ni el presidente actúan como garantes de las competencias estatales. Sin embargo, desde una perspectiva administrativa, las relaciones intergubernamentales entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos locales se han mantenido altamente cooperativas; de hecho, los responsables de la administración local implementan y cumplen con las políticas federales y, en algunas ocasiones, consiguen que la administración federal les haga concesiones y les permita llevar a cabo ajustes en el momento de la implementación. Al mismo tiempo, los estados todavía mantienen importantes competencias residuales, que, junto con sus substanciales capacidades fiscales, les permiten llevar a cabo unas políticas públicas independientes e innovadoras en un buen número de campos. Así pues, la importante actividad de los estados en ámbitos tales que la protección de los consumidores, justicia, protección medioambiental, sanidad y derechos de los trabajadores, ha sido, en parte, una reacción ante el federalismo coercitivo y, a su vez, ha puesto en evidencia la debilidad de las políticas federales en estos mismos ámbitos.
Contemporary U.S. federalism is a complex mixture of coercive, cooperative, and dual elements. Constitutionally and politically, the federal system has become coercive because there has been a vast expansion of federal-government power over the states since the 1960s. This coercion involves, among other things, increased regulations attached to federal grants-in-aid, mandates imposed on the states, and federal preemptions of state powers. Neither the U.S. Senate nor the Supreme Court or the president serves as a protector of state powers today. Administratively, however, intergovernmental relations between the federal, state, and local governments remain highly cooperative. State and local officials implement and comply with federalgovernment policies and occasionally obtain concessions and adjustments in implementation from federal officials. At the same time, the states still retain considerable residual powers, which, along with their substantial fiscal capacities, allow them to engage in independent and innovative policymaking in a large number of policy fields. State policy activism in such fields as consumer protection, criminal justice, environmental protection, health care, and worker rights has, in part, been a reaction against coercive federalism and, in turn, has often highlighted weaknesses in comparable federal-government policies.
