Los medios de comunicación de medio mundo han concluido que el problema de Colombia son las FARC, pero el secuestro y el asesinato no son patrimonio exclusivo de ese grupo. Los paramilitares desmovilizados y el propio ejército emplean tácticas de guerra sucia, como en los tiempos de las dictaduras militares del Cono Sur. Desde 2002 se han registrado unas 1.000 ejecuciones extrajudiciales imputadas a la fuerza pública y 235 desapariciones forzadas de personas. Las víctimas son, principalmente, campesinos indígenas, trabajadores y un importante número de líderes sindicales y comunitarios.