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La reciente aprobación de la Ley de Estabilidad por el Gobierno está ocasionando un giro radical en el campo de la financiación de infraestructuras públicas. La Administración Pública, en todos sus niveles, se está replanteando la utilización de los instrumentos de financiación tradicionales para adoptar métodos empresariales de gestión y de financiación de infraestructuras. La correcta estructuración de proyectos de inversión públicos ha de considerar las peculiaridades del sector público y requiere un alto nivel de conocimiento y experiencia de sus promotores, de cara a garantizar una implementación exitosa. El presente artículo pretende discutir algunas cuestiones de peso en este nuevo modelo de financiar inversiones y proponer a los gestores públicos la metodología y los criterios que considerar a la hora de emprender este camino.
