La persistencia de la delincuencia urbanística se debe fundamentalmente a su rentabilidad. Por ello, un elemento esencial de cualquier Política Criminal urbanística ha de ser impedir que se obtenga ganancia alguna de la comisión de dichas infracciones. La disyuntiva que tiene el Juez al enjuiciarlas es: demolición o, de no ser viable, comiso de los efectos o ganancias del delito.