Resumen de La dimensión social de la ciudadanía europea, con especial referencia a la jurisprudencia comunitaria en materia de libre circulación de los ciudadanos comunitarios y acceso a las prestaciones de asistencia social

Maria Angeles Martín Vida

• español

  Aunque la competencia normativa de los Estados miembros de la UE en materia de política y protección sociales, en particular en lo que respecta a la asignación de prestaciones de asistencia social, no ha sido cuestionada y seguirá siendo en el futuro próximo un asunto de Derecho interno, el Tribunal Europeo de Justicia de las Comunidades Europeas ha hecho uso de la ciudadanía comunitaria y de la cláusula de igual tratamiento contenida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea como un instrumento para superar la distinción entre trabajadores, que tienen pleno acceso a las prestaciones sociales, y ciudadanos económicamente no activos, que en principio sólo tienen derecho a residir en un Estado miembro del que no son nacionales si disponen de medios suficientes para vivir. En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se declara a la ciudadanía europea como el status fundamental de los nacionales de los Estados miembros, que permite a todos los que se encuentran en una misma situación disfrutar del mismo tratamiento ante la ley, independientemente de su nacionalidad. De acuerdo con esto, un ciudadano que resida legalmente el territorio de otro Estado miembro podrá acogerse a la cláusula de no discriminación del Tratado en todas las situaciones que caen dentro del ámbito de aplicación material ("ratione materiae") del Derecho comunitario. El ámbito de aplicación del Tratado en el sentido del artículo 12 TCE se ha ampliado en este contexto hasta el extremo de incluir ahora también ayudas de manutención para estudiantes (Bidar), prestaciones financieras para facilitar el acceso al empleo en el mercado de trabajo de un Estado miembro (Collins), y otras prestaciones asistenciales (Martínez Sala, Grzelczyk, Trojani). Sin embargo, el Tribunal nunca ha considerado el potencial impacto económico de su jurisprudencia en materia de asistencia social. La reciente Directiva 2004/38/CE se corresponde de manera notable en muchos aspectos con la jurisprudencia del Tribunal, pero no renuncia completamente a diferenciar entre ciudadanos económicamente activos y no activos en favor de un status uniforme de "ciudadano comunitario", de modo que hace depender el derecho de residencia de los últimos de que prueben que disponen de suficientes medios de subsistencia y de un seguro completo de enfermedad de cara a evitar el llamado "turismo social".

• English

  Although the legislative competence of EU Member States over their social systems, particularly over the entitlement to social assistance benefits, has not been challenged and will remain for the foreseeable future a matter of national law, the European Court of Justice has used the equal treatment clause laid down in the EC-Treaty and the Union citizenship as an instrument to overcome the distinction between workers entitled to full access to social benefits and non-economically active Union citizens who in principle are only entitled to residence in another Member State subject to sufficient ressources for living. In the European Court's case-law, Union citizenship is declared to be the fundamental status of nationals of the Member States, enabling those who find themselves in the same situation to enjoy the same treatment under law irrespective of their nationality. According to this, a citizen lawfully resident in the territoriy of a host Member State can rely on the non-discrimination clause of the Treaty in all situations that fall within the scope of the subject-matter jurisdiction ("ratione materiae") of Community law. The scope of the Treaty within the meaning of Article 12 EC-Treaty has in this context been broadened to the extent that it now also encompasses maintenance aid for students (Bidar), benefits of financial nature intended to facilitate access to employment in the labour market of a Member State (Collins), and other social assistance benefits (Martínez Sala, Grzelczyk, Trojani). However, the Court has never even considered the potential economic impact of its social benefits case law. The recently adopted Directive 2004/38/EC corresponds noticeably in many respects with the Court's case-law, but it does not fully give up the differences between economically active and non-economically active Union citizens in favour of a uniform status of a "Union citizen", making the residence right of the latter category dependent upon proof of sufficient means of subsistence and comprehensive sickness insurance in order to prevent so called "social benefit tourism".