El Estado Social de Justicia debe garantizar la seguridad de los ciudadanos en distintos ámbitos, protegiendo activamente tanto sus derechos de primera generación como los de segunda. Para ello, es necesario poner en marcha medidas viables que articulen el empleo, la educación y la atención a los más vulnerables para mantener los principios de cohesión social inherentes a la idea de justicia.