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José V. Sevilla Segura
A partir de la década de los años ochenta aparecieron fuertes presiones para frenar la evolución de los gastos sociales que posibilitaron el desarrollo del Estado de Bienestar. El recorte de estas prestaciones empuja a los ciudadanos hacia la oferta privada de dichos servicios, abriendo un poceso de privatización que, junto con las tendencias de regresión de los ingresos públicos, pone en peligro la financiación del Estado de Bienestar. Por ello, el Gobierno central ha de garantizar con carácter general unos niveles mínimos de prestación de servicios como la sanidad, la educación y la vivienda, así como intentar que el conjunto de impuestos responda a un patrón razonablemente progresivo.
