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José Javier Orcaray Reviriego
A resultas de las distintas y complejas obligaciones, públicas y privadas, previstas en el ordenamiento de prevención de riesgos, la posición del empresario en el sistema de relaciones laborales lo convierte en absoluto garante de la seguridad y salud de sus trabajadores en el desarrollo de la actividad productiva. Dicha garantía -como contrapunto del derecho a la protección del trabajador- deriva en la necesidad de tomar decisiones adecuadas sobre la identificación de los riesgos y las medidas técnicas de protección, así como adoptar en cada momento las soluciones que se muestren más adecuadas (aún no contempladas en la norma) para evitar en lo posible la producción de accidentes laborales.
