En el presente trabajo, teniendo en cuenta, entre otras, las normas sustantivas y de derecho transitorio de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se aborda, desde el punto de vista de la gestión de personal, parte de la problemática administrativa que puede generar el que un funcionario público, en el ámbito del proceso penal, pueda ser detenido, procesado o sometido a prisión provisional; así, la situación administrativa del que está sometido a tales medidas y su posible concurrencia con la incoación de un expediente disciplinario son algunos de los temas examinados.