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El artículo analiza con detenimiento el régimen jurídico del nuevo recurso especial en materia de contratación, en cuanto una de las novedades más destacadas de la nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, desde una perspectiva crítica, examinando su adecuación a la Directiva 89/665/CEE y a las normas comunes de procedimiento administrativo, y planteando, desde un punto de vista eminentemente práctico, cuáles son los principales problemas que la regulación de este mecanismo impugnatorio puede suscitar.
