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Luis ignacio Ortega Álvarez 
El empleo público ha tenido que enfrentarse con los cambios que se han producido en el terreno de los valores constitucionales, de los derechos fundamentales y de la estructura misma del Estado. Ello hace que a la hora de adaptar la función pública a los procesos de cambio producidos en el sistema político español de los últimos veinticinco años, se produzcan contradicciones del propio sistema constitucional, que no permiten acabar de desarrollar un modelo coherente y acabado. Igualmente, la relación de la función pública con la organización administrativa hace que la autonomía política que las Comunidades Autónomas despliegan sobre esta última cree tensiones en cuanto la posibilidad de una regulación común del empleo público de una determinada densidad. La figura del directivo publico que ha dejado de ser definido como empleado público es un ejemplo modélico de lo anterior.
