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, Ana Arriba González de Durana , Luis Moreno Fernández
La posición de España en el sistema internacional de migraciones se ha transformado sustancialmente en la última década. El asentamiento de colectivos de origen inmigrante ha planteado una serie de importantes retos a la sociedad española. Las políticas de protección social incluidas en el llamado estado de bienestar se encuentran entre los principales afectados por las transformaciones sociales, políticas, culturales y demográficas derivadas de dicho fenómeno. Deben definir, de una parte, el modo de incorporación de los nuevos residentes a sus servicios y prestaciones (delimitación de criterios de acceso al sistema sanitario, servicios sociales, sistema educativo o políticas de vivienda). De otra, confrontan la articulación de mecanismos de respuesta a las demandas de una población cambiante (tanto en términos de estructura socio-demográfica, como en perfiles culturales, lingüísticos e incluso biológicos). El sistema de protección social, en suma, está sujeto a una modificación en la percepción social de su legitimidad derivada del aumento de la heterogeneidad interna de la sociedad. Además de un reto, este fenómeno constituye una oportunidad de identificar los puntos débiles del sistema con objeto de reforzarlo y garantizar así su sostenibilidad futura.
