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Giuseppe Croce, Andrea Montanino
La formación que reciben los trabajadores depende, sobre todo, de las opciones organizativas escogidas y de la financiación de las empresas. En este contexto cabe preguntarse si las políticas públicas deben secundar la distribución espontánea de la formación o proponerse corregirla. En el presente documento se analizan la motivación y los límites de la intervención pública, concentrándose en el caso de Italia, donde en los últimos años el sistema ha experimentado una profunda transformación gracias a la oportunidad que se ha brindado a los interlocutores sociales de gestionar directamente los recursos financieros para la formación permanente. Se argumenta que los instrumentos políticos en Italia no han sido diseñados para hacer frente de manera clara a la demanda de formación permanente en sus dos vertientes: colectiva e individual. Por ello se propone una especialización de los fondos que gestionan los interlocutores sociales con el fin de promover la formación colectiva, dejando en manos del gestor público la tarea de responder de forma prioritaria a las necesidades que manifiestan los individuos.
