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En los últimos años la consideración de las patentes como currículo del investigador ha ido cambiando progresivamente, de ser la actividad propia de tecnólogos e investigadores centrados en investigación aplicada, a ser también parte fundamental del currículo de investigadores de prestigio en ciencia básica. Antes, simplemente no eran tenidas en cuenta en la evaluación docente en la Universidad o su equivalente en el CSIC y apenas eran consideradas como actividad accesoria o secundaria dentro de la evaluación de la actividad investigadora. El cambio ha sido más ostensible en promoción por concurso, de ser un mero elemento de desempate cuando el número de publicaciones y su factor de impacto era comparable, ha pasado a ser determinante o una condición «sine qua non» en determinadas áreas científicas. Al igual que ocurre en el resto de publicaciones, el número de patentes no indica la calidad y el significado del conocimiento en ellas recogido, pero el monopolio de explotación comercial y el coste que conllevan sí es marcadamente diferente e introduce variables de difícil consideración en las evaluaciones. Los cambios en la estructura jurídica y en el funcionamiento de instituciones claves en el Sistema Español de Innovación como el CSIC, su mayor institución patentadora (entidad española con mayor número de patentes nacionales y quinto organismo público de investigación por número de patentes europeas), así como la figura jurídica elegida para gestionar la Transferencia de Tecnología en el CSIC, van a suponer nuevos condicionantes a la decisión de patentar. Su valor en el reconocimiento de la actividad investigadora exige indicadores cada vez más precisos, y que indiquen a priori su repercusión en la comunidad científica y especialmente en el resto de la sociedad, ya que, a diferencia con el resto de publicaciones al final de su vida, su repercusión de mercado marca el impacto que la patente tiene como resultado de investigación.
