Durante los años 80, en muchos países desarrollados ha tenido lugar un fuerte proceso de reforma en la organización y gestión de los servicios públicos. Todas estas reformas han estado basadas en la presunción de que la burocracia y la propiedad estatal constituyen una forma más insatisfactoria de proveer servicios que la resultante de la provisión competitiva mediante contratos. Sin embargo, aunque estos cambios se han llevado a cabo con ahínco, todavía siguen existiendo dudas acerca de su utilidad y eficacia. El principal problema reside en la escasa evidencia existente en apoyo de la afirmación de que la introducción de mecanismos de mercado en el sector público conduce siempre hacia una mayor eficiencia y calidad. Además, este cambio hacia los mercados plantea también el tema de hasta qué punto ello puede conducir hacia una mayor fragmentación de los servicios públicos y a unas mayores dificultades de coordinación y planificación conjunta. En este artículo pretendo contribuir a este debate, centrándome en el caso de la implantación de mercados de asistencia social en el Reino Unido.