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María Nieves García Santos
El análisis de impacto regulatorio (AIR) se está extendiendo en la actualidad, especialmente en los países europeos, aunque en algunos casos ya venía realizándose desde los años 80 y 90. Gran parte de este nuevo impulso se debe al protagonismo creciente de la Comisión Europea en la producción normativa. En este artículo se explica la justificación del AIR como mecanismo para mejorar la producción de normas. Éstas suelen carecer de un estudio de cuáles son los fallos de mercado que pretenden resolver o de si los problemas detectados provienen de fallos en la regulación. En muchos casos la falta de este tipo de análisis provoca que se produzcan normas innecesarias, ya que el propio mercado hubiera podido resolver el problema, o que se acumulen y se solapen normas, en lugar de abolir las normas que provocan efectos indeseados. Se trata de un procedimiento más o menos estructurado y amplio para elaborar y presentar propuestas normativas. Bajo esa expresión puede encontrarse desde un análisis coste-beneficio realizado con cierta flexibilidad en los métodos de valoración (cuantitativa y cualitativa) hasta un procedimiento amplio que incluye la presentación de alternativas a la regulación propuesta, con sus respectivas valoraciones, procedimientos de consulta pública e incluso orientaciones sobre cómo presentar los informes de AIR. Los países aplican AIR con diferente alcance. En general su uso en el análisis de políticas presupuestarias está bastante generalizado, pero en el ámbito financiero se encuentra en sus etapas iniciales. Sin embargo, a partir de ahora puede tener un impulso importante debido a las iniciativas de la Comisión Europea expresadas en el Plan de Acción de Servicios Financieros para 2005-2010.
