Este artículo explica, en primer lugar, el desarrollo político y gerencial en el que se inserta la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de Calidad de los Servicios como un proceso de formación de una voluntad colectiva en torno a una finalidad compartida de buen gobierno. En segundo lugar, hace referencia al alcance y enfoque de la función de evaluación que cabe prever en la práctica.
Finalmente, pasa revista a las principales características de la Agencia subrayando sus principios de actuación, la composición de sus órganos de gobierno y la importancia de su contrato de gestión.