En los pronunciamientos aquí considerados no encontramos aportaciones verdaderamente relevantes en la interpretación del Derecho ambiental navarro. Si acaso, destacaremos que el informe de calificación de actividades clasificadas tiene naturaleza jurídica de acto administrativo de trámite y que la instalación de antenas de telefonía móvil en suelo no urbanizable puede castigarse también aplicando el dispositivo sancionador previsto en la ley foral de protección de la fauna silvestre.
Desde un punto de vista más sociológico que jurídico, cabe resaltar la evidencia de algunos problemas para la ejecución de sentencias que condenan a la Administración. Con ello están relacionadas, por cierto, las dos nuevas sentencias que ha ocasionado el recurrente conflicto de Arazuri.