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Leire Escajedo San Epifanio 
En las últimas décadas, el alarmante deterioro del medio ambiente se ha visto, paradójicamente, acompañado por un amplío despliegue de mecanismos políticos y jurídicos en su defensa. En el contexto de un Estado marcadamente intervencionista, el empleo de la potestad sancionadora (ius puniendi) en materia ambiental ha sido símbolo de la creciente importancia del medio ambiente; símbolo de que el sistema penal se moderniza para atender a nuevas necesidades sociales y símbolo de que el concepto de delincuencia se democratiza y ya no persigue sólo a determinadas clases sociales. El progresivo aumento de las medidas sancionadoras, que es fácilmente explicable desde esa perspectiva, tiene sin embargo grandes problemas de justificación desde el punto de vista de la experiencia práctica. Esas grandilocuentes palabras chocan, sin embargo, frontalmente con la eficacia que han demostrado estas medidas, ¿pescando sólo a los peces más pequeños y dejando escapar a los más grandes¿. Se ha denunciado así, una eficacia más política que real que invita a analizar en profundidad este fenómeno.
