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Mariola Urrea Corres 
El Tratado por el que se establece una Constitución para Europea puede ser considerado como el primer intento de reformar el sistema de revisión de Tratados previsto en la Unión Europea. No se trata de una reforma radical ni en lo que respecta al propio sistema de revisión de los Tratados, ni tampoco en lo que afecta a la naturaleza jurídica convencional de la propia Unión. De hecho, la propuesta de reforma se enmarca dentro de la continuidad y básicamente han sido planteadas desde dos perspectivas. De una parte, la reforma ha supuesto el mantenimiento, con pequeñas modificaciones, del actual procedimiento de reforma ordinario previsto en los Tratado. Esta circunstancia no impide valorar positivamente algunas de las aportaciones contempladas en el artículo IV-443 en particular aquellas que afectan a la formalización jurídica del método convencional. Un método ya utilizado de facto en el procedimiento de elaboración del propio Tratado constitucional. De otra parte, la reforma del Tratado constitucional ha intentado garantizar cierta flexibilización futura del sistema de reforma al incorporar una aparente multiplicación de mecanismos de revisión simplificados regulados en los artículos IV-444 y IV-445. Sin embargo, la reforma del sistema de revisión de los Tratados contemplada en el Tratado constitucional sólo podrá reemplazar al sistema establecido en el artículo 48 del TUE si el Tratado constitucional entra en vigor en los mismos términos en los que el citado texto fue firmado por los Jefes de Estado y Gobierno de los Estados miembros el 29 de octubre de 2004 lo que resulta casi improbable después de los resultados negativos de los referenda celebrados en Francia y Países Bajos. Desde entonces hasta el Consejo Europeo que tendrá lugar el próximo mes de junio, los Estados están trabajando para encontrar una solución que permita rescatar algunos aspectos del Tratado constitucional con el fin de que un nuevo marco jurídico para la Unión pueda entrar en vigor antes de las nuevas elecciones el Parlamento Europeo de junio de 2009.
