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El estudio parte de la hipótesis de la demostrada importancia de la regulación de la información y consulta de los trabajadores en la empresa en cuanto derechos instrumentales al ejercicio de otros derechos laborales, como la negociación colectiva o el derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo. Con esa perspectiva, se analizan las más importantes Directivas comunitarias, y su transposición al Estado español, con un objetivo a medio plazo: demostrar que la transmisión de la información y el desarrollo de la consulta entre el ámbito de dirección apropiado de la empresa y el ámbito de representación de los trabajadores seleccionado redunda, no ya sólo en el esclarecimiento del perímetro de la empresa, que también, sino en la eficacia de aquellos derechos de participación de los trabajadores. El objetivo a largo plazo, que se demuestra al final del trabajo es el siguiente: a menos que la ley y su fuente originaria enmarquen convenientemente los complejos empresariales que deban ser centros de imputación jurídica en cuanto a la obligación de informar y consultar a los trabajadores, las enmarañadas relaciones entre empresas convierten aquellos derechos en ineficaces.
