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Con el objeto de explicar el fallo de la STS, 3ª, 19.9.2006, este artículo presenta un breve estudio sobre el derecho de seguros y de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por las acciones y omisiones de los funcionarios en la prestación de servicios públicos. Su objetivo es ilustrar cómo el seguro trabaja en el ámbito de la Administración Pública, así como mostrar la aplicación de los intereses previstos en el art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro. Para ello, el artículo se estructura en cuatro partes y combina la exposición con el análisis crítico. En la primera parte, se expone el problema. En la segunda y tercera parte, el artículo analiza brevemente la Sentencia del Tribunal Supremo (hechos y fundamentación del fallo). Finalmente, el artículo examina la solución a este problema que existe entre la Ley de Contrato de Seguro y la regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Asimismo, la autora ha complementado el texto con varias citas de jurisprudencia y doctrina.
