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La participación social y la deliberación pública son cruciales para la factibilidad de proyectos de obra pública, y para alcanzar la gobernabilidad en un entorno de transición democrática. Aquí se revisan dos proyectos: un acueducto hacia Hermosillo, en 1995 y una planta desaladora en 1999. El primero se analizó de manera cerrada, sin la participación efectiva de actores sociales, tampoco hubo deliberación pública. En cambio, en el segundo éstos sí participaron y el debate fue mayor; gracias a ello se modificó el diseño. En ambos casos, sin embargo, la cancelación final de los proyectos tuvo que ver con cambios en el entorno económico y político del país.
