Santiago Farré Tous
Este trabajo realiza un análisis de los presupuestos constitucionales y estatutarios que permiten a las comunidades autónomas la creación de órganos propios de valoración a efectos de la fijación del precio justo en el procedimiento de expropiación forzosa, con especial atención a las previsiones del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 y al pronunciamiento del Tribunal Constitucional contenido en la Sentencia 251/06, de 25 de julio, y otros concordantes.
Igualmente, se analizan las principales críticas que desde diferentes sectores se han realizado a los jurados autonómicos, tanto desde el punto de vista de su composición y su presidencia, como respecto a la supuesta ruptura de la igualdad de los ciudadanos de los diversos territorios del Estado como consecuencia de la aparición de estos órganos, para concluir que ni estas críticas serían aplicables exclusivamente a los jurados autonómicos ni afectan a ninguna de las garantías que la Constitución establece para los que se ven afectados por un procedimiento de expropiación forzosa.
This article analyses the constitutional and statutory proposals that allow autonomous communities to create their own assessment organisations in order to set a fair price in the process of forced expropriation. It focuses on the provisions of the new Catalan statute of autonomy established in 2006, the statement made by the constitutional court in ruling 251/06, of 25th July, and other agreements. It further analyses the main criticisms from different sectors of autonomous jurisdiction both from the point of view of their composition and presidency and in light of the supposed equality gap between the citizens of the various state territories as a consequence of the foundation of these organisations. In conclusion, the author proposes that these criticisms would be neither exclusively applicable to the autonomous jurisdiction nor affect the guarantees that the constitution establishes for those affected by a process of forced expropriation.