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El autor aborda en su artículo, a la luz del proyecto de Ley de Defensa de la Competencia que se está tramitando en el Parlamento, la atribución a los organismos de defensa de la competencia del control de legalidad de la contratación pública como mejor opción para promover la competencia y defender la legalidad en la contratación pública. La propuesta es ambiciosa pero necesaria, según el autor, en vista de la magnitud del reto al que nos enfrentamos, ya que la contratación pública trasciende el orden económico para configurar los pilares democráticos de un país. Allí donde impere una contratación pública caracterizada por la libre competencia, existirá una democracia real, no meramente formal, que desplegará sus efectos balsámicos sobre las instituciones políticas, sociales y económicas.
