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Núria Clèries
La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que, entre otros aspectos dio rango de ley a la Carta de los derechos de los ciudadanos ante la Administración de justicia y modificó radicalmente la organización de la oficina judicial.
El nuevo modelo de oficina judicial se basa en una estructura y organización que hace posible la introducción de metodologías de trabajo y criterios de gestión homogéneos en todas las oficinas judiciales, la racionalización de los medios instrumentales y la incorporación de las nuevas tecnologías, con la finalidad de obtener un servicio más ágil, eficaz y de calidad que preste una mejor atención a los ciudadanos.
La estructura básica de la nueva oficina judicial es la unidad procesal de soporte directa (vinculada directamente al titular del órgano jurisdiccional) y los servicios comunes procesales (vinculados a los secretarios judiciales). También se crean las unidades administrativas, que sin estar integradas en la oficina judicial, se constituyen en el ámbito de la Administración de justicia. Toda esta nueva organización está inseparablemente vinculada a la implantación de las TIC y supone más que un cambio organizativo, uno cultural.
