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Eugenia Relaño Pastor
En los últimos tres años España ha vivido un acelerado proceso de desarrollo de la política de inmigración que ha llevado a plantear sucesivas reformas legislativas. Tras un cuarto de siglo de vigencia de la Constitución de 1978, se han aprobado cuatro leyes relativas a extranjería e inmigración. La ley 7/1985 significó el primer intento sistematizador de la dispersa normativa existente; la ley 4/2000 fue considerada en su momento la ley más progresista de la Unión Europea en materia de inmigración; la ley 8/2000 reubicó a los extranjeros como un problema de política de inmigración y control, y finalmente, la última ley, aprobada en 2003, desaprovecha la oportunidad de ofrecer un planteamiento integral y a largo plazo en materia de extranjeros. En este artículo se analiza el desarrollo de la política errática del gobierno español ante el fenómeno de la inmigración.
