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El análisis del proceso previo a la alternancia política en la presidencia de la república de México que tuvo lugar en julio de 2002 se ha centrado principalmente en los aspectos electorales; sin embargo, se conoce mucho menos de otras instituciones clave del sistema político durante la transición a la democracia, como las gubernaturas y el Congreso federal, las cuales experimentaron transformaciones en su funcionamiento y desplegaron una influencia hasta entones desconocida. Este ensayo examina el nuevo rol político desplegado por los gobiernos de los estados, el cual ha ocurrido sin necesidad de modificaciones constitucionales, sino más bien por dos factores propios del proceso de cambio, como son la expansión del pluralismo y la contención paulatina del presidencialismo. Se argumenta que este proceso de cambio engendró respuestas distintas de los ejecutivos estatales, según se tratara de gobiernos del PAN y del PRD, cuando aún eran de oposición, o del PRI, en ese momento todavía en el poder. El nuevo arreglo institucional que se generó antes de la alternancia, en plena competencia por ella, afectó al último gobierno priista, pero también ha planteado una nueva relación con el primer gobierno democrático, al romper las bases de la antigua subordinación. El reordenamiento del cambio político dio como resultado indirecto la ampliación de las autonomías locales que se expresaron de modo distinto según el partido al que pertenecieran los gobernadores. Los priistas fueron los más beneficiados en razón de que los de oposición, los panistas, concentraron su acción en lo administrativo, mientras que ellos aprovecharon una red partidaria construida desde los orígenes del régimen. Un efecto positivo de este cambio para el país fue la disminución de la influencia del presidente para manejar la política, pero, al poner el control del partido en manos de los gobernadores, trasladó un factor decisivo a un sector que no es homogéneo y que además es conservador, profundamente identificado con el régimen autoritario. El riesgo, ahora que se ha conseguido la alternancia, es que se renueven antiguos cacicazgos y se desarrolle una práctica destinada a bloquear las políticas del gobierno federal.
The study of the process preceding the July 2002 political shift in Mexicos government has been mainly focused on electoral issues. Therefore, several institutions of the political system that played a key role during the transition to democracy remain largely unknown, including governorships and the federal Congress, whose functioning experienced relevant changes, and had an unprecedented bearing on the process. This paper explores the new political role of state-governments, which was not due to a constitutional change, but was rather the result of two features of the process of change itself, namely, the expansion of pluralism and the gradual restraint of presidentialism. The author argues that the process of change prompted reactions from state-governors that varied according to their PAN or PRD affiliation when they were still opposition or to their PRI origins the party still in power. The new institutional arrangement created before the political shift, in the midst of the electoral race, had an impact on the last PRI administration, but it also shaped a new relationship with the first democratic government, as it dismantled the foundations of ancient subordination.A secondary outcome of political change restructuring was the growth of local autonomies, whose manifestation varied according to governors party membership. Priistas were the major beneficiaries, as panistas the opposition governors focused their activities on administrative issues, while the former profited from a party network developed since the regimes inception.A positive upshot of this change for Mexico was that the Presidents bearing on politics management shrank. However, by putting the partys control in the hands of governors a decisive element was transferred to a non-homogeneous and also conservative sector, deeply identified with the authoritarian regime. Having accomplished the political shift, the threat now is the likely re-emergence of ancient cacicazgos and the growth of a practice aimed at blocking federal government policies.
