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En años recientes, el gobierno federal canadiense se ha propuesto influir activamente en las políticas sociales. En 1999, firmó, junto con las provincias y los territorios, el acuerdo-marco de la Unión Social para renovar y modernizar dichas políticas. El acuerdo está impregnado de los principios de los modelos de gobernabilidad en múltiples niveles y de la nueva gestión pública. Este proceso de reestructuración de las relaciones de gobierno se ha interpretado como una nueva forma de federalismo unilateral con el que se quiere controlar la aplicación provincial de las políticas sociales, pero también como una nueva era de colaboración entre ambos niveles de gobierno. Ante esta variedad de opiniones, los autores analizan los casos de la salud, la infancia y el empleo.
