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La Ley de Poderes de Guerra de Estados Unidos, aprobada en 1973, pretendió establecer un filtro desde el Congreso para el ejercicio de las facultades presidenciales sobre el inicio de operaciones militares fuera del territorio nacional. Este contrapeso al Poder Ejecutivo no ha tenido el efecto esperado por sus creadores, ya que la invocación de dicha ley ha sido burlada en diversas ocasiones por la Casa Blanca. La intervención del Poder Judicial a favor del primer mandatario ha limitado el impacto de dicha ley. Este artículo indaga cómo las cortes federales colaboraron para que el presidente Ronald Reagan pudiera tener mayor libertad de acción en los planes de intervención militar en el exterior emprendidos durante su gobierno.
