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El autor plantea la discusión sobre la vigencia de los principios de la Carta de las Naciones Unidas en materia de uso de la fuerza a la luz de la crisis y, posteriormente, la guerra de Iraq. Para ello es preciso recordar que tal uso, si no se ajusta a los postulados de la Carta, supone la vulneración de una norma imperativa de derecho internacional. También, la conculcación de normas constitucionales básicas de algunos estados implicados, entre ellos España, pues dicha participación se llevó a efecto sin la autorización del Parlamento, como lo ordena el artículo 63 de la Constitución Española de 1978. La determinación del gobierno español ha enfrentado la oposición mayoritaria de la ciudadanía, pero ha contado con determinados apoyos teóricos, que son objeto de crítica en el presente ensayo.
